Juan González, asesor de Joe Biden en materia de seguridad, reconoce que la Iniciativa Mérida está rebasada y es necesario “darie vuelta” a esa página. Más aún, admite “responsabilidades” de Washington por el aumento de la demanda de drogas en Estados Unidos y por el trasiego de armas hacia México que ha disparado la violencia y las muertes en este país. En entrevista con Proceso, González esboza un nuevo enfoque y una nueva estrategia para abordar este y otros asuntos más -entre ellos el migratorio- y hace evidente la intención de diálogo y negociación que quiere aplicar el habitante de la Casa Blanca con el gobierno de López Obrador.

WASHINGTON.- La presidencia de Joe Biden está de acuerdo con la de Andrés Manuel López Obrador: la fórmula contra el narcotráfico no es hacer una guerra en las calles, porque eso no funciona. Ni detener a capos que fácilmente se reemplazan. La Iniciativa Mérida está rebasada y hay que revisar a fondo la relación en seguridad, reconociendo la dificultad de Estados Unidos de controlar el trasiego de armas. También es necesaria una revisión en materia migratoria porque la frontera sur mexicana “está en el límite” de la llegada de personas de otros países.

“Como cualquier otra estrategia, la Iniciativa Mérida tiene que evolucionar con el tiempo y estamos de acuerdo con el gobierno de México en que tenemos que pensar en una nueva estrategia”, enfático dice a Proceso Juan González, asesor del presidente estadunidense.

Durante una larga entrevista realizada en la Casa Blanca, González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional del gabinete de Biden, hace un análisis agudo sobre la cooperación binacional en materia de seguridad en la lucha contra el narcotráfico.

“La relación de seguridad entre Estados Unidos y México ha evolucionado a través de las décadas, en algunos momentos era muy buena, en otros, no muy

buena”, reconoce el encargado en la Casa Blanca de los temas con México y el resto de los países del continente.

González, quien este año en diversas ocasiones viajó a la capital mexicana acompañando a la vicepresidenta de su país, Kamala Harris, y a varios miembros del gabinete de Biden para sostener reuniones con López Obrador, habla de un componente distinto en la guerra contra el narco.

“Buscar en los puertos, buscar las áreas de logística, a los jefes de las plazas que manejan el flujo (de narcóticos) de una forma más estratégica, no hacer una guerra en las calles; hemos aprendido que las tácticas de objetivos muy altos no tienen impacto de largo plazo”, dice.

Iniciativa Mérida

La Iniciativa Mérida, instrumentada en México por el expresidente de Estados Unidos George W. Bush en el sexenio de Felipe Calderón, fue timón de una guerra militarizada contra el narcotráfico que en ese periodo presidencial y en el de Enrique Peña Nieto no dio resultados.

Para González, uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos en asuntos de seguridad y de inmigración, la Iniciativa Mérida fue un instrumento bilateral de respuesta del momento que se vivió hace 15 años y que estrechó la cooperación en seguridad entre las dos naciones.

Fue precisamente el pasado mayo cuando, encabezando una delegación de

funcionarios estadunidenses -los jefes de la DEA y el FBI, entre otros-, González viajó a México para iniciar con el gobierno de López Obrador las negociaciones para definir una estrategia nueva.

Sin definir el nombre ni detalles del próximo proyecto bilateral para contener el narcotráfico y el crimen organizado, el asesor de Biden adelanta que se concentrará en reconocer y aceptar las responsabilidades que tiene Estados Unidos en el flagelo que azota muy fuerte a México.

“En México es donde nosotros reconocemos la responsabilidad que tenemos en cuanto a la demanda de drogas y el tráfico de armas que llegan a las calles mexicanas y a manos de los cárteles de narcotráfico”, apunta el asesor del presidente Biden. "Como mexicano es muy difícil ver una solución viable sin que Estados Unidos tome acciones concretas en esas dos áreas”, agrega González en la entrevista.

Esta es en varias décadas la primera ocasión en que la Presidencia de Estados Unidos admite un mea culpa en las implicaciones del narcotráfico en México que, con la violencia que genera, ha causado decenas de miles de muertes y diversas masacres desde el sexenio de Calderón.

“Los capos se reemplazan, por eso tenemos que buscar la cadena de suministro de drogas, la arquitectura financiera de ese mercado y obviamente algo que es una prioridad para el presidente López Obrador: el desarrollo en la inversión económica", comenta el entrevistado.

La incursión de personas en el negocio del trasiego de enervantes es porque “tal vez” no tienen otra alternativa económica, reconoce el consejero de Biden, por lo que ahora, desde otra perspectiva, la nueva cooperación bilateral se abocará a un proyecto en ese sentido.

“México es un país soberano y su presidente toma decisiones sobre las prioridades para él, el interés de Estados Unidos es buscar en dónde podemos encajar de una forma que tenga impacto”, anota el asesor.

De esto se desprende que la Casa Blanca no haya tomado como un desdén cuando el canciller Marcelo Ebrard declaró que la Iniciativa Mérida estaba terminada.

“No lo vimos como una crítica; es darle vuelta a una página para asumir un nuevo análisis de cómo Estados Unidos y México pueden tener una cooperación en el ámbito de seguridad, basada en responsabilidad compartida y estrategias que tengan impacto”, resalta González.

El respeto a las leyes y soberanía de México son dos factores extirpados de la cooperación bilateral por Estados Unidos en el combate al narcotráfico a través de la Iniciativa Mérida y en amenazas como la del expresidente Donald Trump de enviar a soldados del Pentágono a combatir a los cárteles mexicanos y declararlos grupos terroristas.

Una de las primeras acciones de López Obrador para detener esa injerencia de Washington ante un problema derivado de la demanda y consumo de drogas de Esta-

dos Unidos fue cambiar las leyes del país para controlar y registrar las acciones de agentes extranjeros que operan en México.

En paralelo, el arresto por la acusación de narcotráfico en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, abonó a la decisión de AMLO de incluso expulsar del país a los agentes estadunidenses y en especial a los de la DEA, a menos que se ajustaran a la nueva ley de rendición de cuentas de sus acciones.

“El gobierno mexicano determina sus leyes y es un país soberano que puede tomar ciertas decisiones”, declara González al ser cuestionado sobre las leyes que a regañadientes acatan sus agentes, como los de la DEA.

“Cuando nosotros entramos al gobierno sí había un poco de alarma alrededor de la ley, pero lo que hicimos fue, uno, analizarla; dos, tener una conversación muy directa con el Departamento de Justicia para saber si en realidad estaba teniendo impacto sobre la cooperación; y número tres, determinar si donde tuvo impacto había camino para que pudiéramos dialogar con México, mejorar esa cooperación y buscar nuevas áreas de colaboración”, resume González.

Ebrard, en una de las entrevistas concedidas a este semanario, informó que desde abril de este año, mensualmente los agentes de la DEA y de otras agencias estadunidenses que operan en México entregan a la SRE un informe puntual sobre sus actividades, entradas y salidas del país.

“Te digo”, enfatiza el asesor de Biden al reportero, “basado en nuestro análisis, el impacto no fue grave fundado en la ley, y una de las conclusiones del viaje que hice a México (en mayo pasado) con la DEA, el FBI y varios, fue que encontramos caminos de cooperación”, aclara.

Los nuevos vientos de trabajo bilateral bajo la presidencia de Biden no permiten, de acuerdo con González, que Estados Unidos tome “acciones unilaterales sin tener más coordinación con México”, y esto, matiza el asesor presidencial, ya se le informó a la DEA, a otras agencias federales y al propio procurador general de Justicia, Merrick Garland.

Trasiego de armas

El gobierno de Biden reconoce que la cooperación en seguridad y combate al tráfico de drogas ilícitas no tendrá avances mientras Estados Unidos no contenga la demanda y el consumo de estupefacientes, pero también el flujo de armas que corre de norte a sur, y el lavado de dinero.

López Obrador insiste en su exigencia a la Casa Blanca para que haga mucho más en lugar de prometer sólo cooperación, para evitar que las armas que se fabrican y se venden en Estados Unidos con 

mucha facilidad lleguen a México y empo-deren al crimen organizado y a los cárteles del narcotráfico.

Frente a la falta de acciones e innumerables promesas de la Casa Blanca acerca de tomar medidas en las peticiones de México sobre el tráfico armamentista, el pasado 4 de agosto el gobierno de López Obrador demandó a la industria de las armas ante una Corte federal en Massachu-setts, responsabilizándola del trasiego y de la muerte de miles de mexicanos.

“En cuanto a la demanda, no puedo dar una posición del gobierno de Estados Uni-

dos, pero lo estamos siguiendo muy de cerca”, tajante, responde el asesor del presidente Biden a una pregunta sobre el asunto.

Para darle sustento a esta admisión, el asesor presidencial recita las constantes masacres, incluidas las de niños, que se registran en varias ciudades y pueblos en Estados Unidos, ligadas directamente a la laxitud de las leyes sobre la venta de armas y municiones.

“Aún no podemos tener una conversación sensata sobre este tema; es algo que demuestra la polarización en Estados Unidos; es decir, no es por no querer, hay un

cabildeo que busca proteger las ganancias de esas compañías por encima de las vidas humanas que se pierden”, aclara González.

La violencia que priva en México relacionada directamente con el narcotráfico expone la facilidad con la que armas de alto poder-como rifles calibre .50, fabricados en Estados Unidos- terminan en manos de los cárteles que las usan también para intimidar al gobierno mexicano.

Dos ejemplos: el operativo fallido en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en el cual los criminales doblegaron al gobierno llevando a cabo ataques con armas de alto poder.

Otro, el atentado del 26 de junio de 2020 en la Ciudad de México contra Ornar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad del gobierno capitalino, en el que él resultó herido y tres policías perdieron la vida al ser atacados con rifles automáticos calibre .50.

“Reconocemos que nosotros somos parte del problema cuando hablamos de los cárteles que, en muchos casos, como lo que vimos en Culiacán, tenían armas más potentes que los policías, y en el ataque en la Ciudad de México donde se usaron rifles calibre .50; eso es una barbaridad”, insiste.

Para mermar el flujo de armas y de acuerdo con el entrevistado, se reforzará la labor del rastreo de armas incautadas en México para que las autoridades estadunidenses intercambien información de inteligencia. 

Al mencionar al Cártel de Sinaloa, se le cuestiona a González sobre si al gobierno de Biden le llamó la atención, o tiene alguna opinión, sobre la deferencia que tuvo López Obrador con María Consuelo Loera, madre del Chapo, el 29 de marzo de 2020 durante una gira por Badiraguato.

“Sobre la mamá del Chapo es difícil que yo comente al respecto, porque no tengo todos los detalles. Lo que sé es que en las fronteras de México, aun en años anteriores a López Obrador, muchos mexicanos inocentes perdieron la vida; y la pregunta es: ¿cuál es la respuesta adecuada para asegurar que México y los mexicanos vivan en paz? Lo que puede y debe hacer Estados Unidos es controlar el flujo y la demanda de drogas para trabajar de forma estrecha con México y tener un impacto real. El debate aquí sobre cuál es la mejor respuesta política es algo que forma parte de un debate sensato; debemos ignorar a la política y enfocamos en lo que funciona”, contesta el integrante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Migración

La constante llegada de centroamericanos y haitianos por la frontera sur de México, que en días recientes provocó enfrentamientos violentos con efectivos de la Guardia Nacional, es un aspecto de preocupación para la relación con Estados Unidos.

Biden había suspendido la imposición unilateral de Trump del plan Quédate en

México para con los migrantes centroamericanos, pero una Corte federal en Texas ordenó al gobierno estadunidense rehabilitarlo y luego fue refrendado por la Suprema Corte de Justicia estadunidense.

“La decisión del Quinto Circuito (Texas) y la de la Suprema Corte es tema nuestro porque las cortes estadunidenses no tienen autoridad en México”, expone González en entrevista con Proceso.

El tema migratorio que Biden discute con el gobierno de López Obrador se concentra en crear un sistema futurista con un carácter más humano.

-¿Cuál es la posición del gobierno de Biden sobre la violencia que ha utilizado la Guardia Nacional de México para disuadir a las caravanas de migrantes centroamericanos y haitianos? -se inquiere a González.

-Las conversaciones que estamos teniendo nosotros no se concentran en bloquear la migración, sino hacerlo de una manera ordenada y segura; esto quiere decir fortalecer la vigilancia de las fronteras. Personas que no tienen petición viable de asilo tienen que ser expulsadas, no hay de otra; hay muchas personas que piden asilo aunque no lo merezcan.

“Estados Unidos tiene la convicción de invertir en el sur de México, ir tras los grupos criminales dedicados al tráfico de personas, crear empleos temporales para quienes cumplan con los requisitos para asumirlos y colaborar con México en ese sentido. Las imágenes de los haitianos (gol-

peados por la Guardia Nacional) son muy desafortunadas, pero la realidad es que México está tomando esfuerzos enormes, que se tienen, que reconocer para brindarle asilo a muchas poblaciones. A nosotros nos están dando una ayuda enorme para manejar el flujo migratorio ya que nuestra frontera (del sur) está sobre el límite en el flujo migratorio.”

-¿No hay preocupación por la violación de derechos humanos de los migrantes por la Guardia Nacional -se le insiste.

-No. No puedo criticar lo que está haciendo México porque está protegiendo sus fronteras y a la vez está haciendo todo lo posible y más allá de eso para brindarle protección a personas con petición de asilo.

-¿Tampoco preocupa al presidente Biden, uno de los principales opositores a la militarización de las fuerzas civiles, que el gobierno de López Obrador esté militarizando al país y a la Guardia Nacional?

-Tenemos confianza en las instituciones mexicanas y en el pueblo de México de que lleguen a sus propias conclusiones de cómo manejan estos asuntos. No podemos opinar qué le conviene a México. El tema de la Guardia Nacional, cuando se tiene un país tan grande, es que es una herramienta a disposición del gobierno federal y estatal para vigilar y resguardar las fronteras. Los mexicanos saben qué dirección quieren para su país y no conviene que el “gigante del norte” opine sobre cómo ellos manejan esto -concluye Juan González. O